La próxima semana, la bancada de diputados de la UDI pedirá al ministro Segpres, Claudio Alvarado, que le ponga urgencia al proyecto que busca la rebaja de las asignaciones parlamentarias.
El tema se ha vuelto prioridad para los parlamentarios gremialistas desde la tramitación del proyecto de rebaja de la dieta parlamentaria, que el Consejo de Alta Dirección Pública fijó esta semana en un 25% menos (pasó de $9.349.853 a $7.012.390). Los diputados han insistido en que el recorte debe aplicarse también en los fondos que mensualmente otorga el Congreso para cada legislador para solventar el pago de asesores, sedes y traslados. Estos actualmente ascienden a 11 millones para cada diputado y 23 millones por cada senador.
“Es importante que, si va a haber una señal del Parlamento, sea también de nuestras asignaciones. Cada uno tendrá que ver cómo organiza sus asignaciones. Yo lamento que el Partido Comunista y Frente Amplio se hayan negado a aprobar la rebaja en las asignaciones y creo que es importante analizar este tema”, comenta el diputado UDI Juan Antonio Coloma.
La indicación presentada por la UDI en la tramitación de la rebaja de la dieta fue rechazada y resistida por las asociaciones de funcionarios del Congreso, que acusaron que la medida implicaría sobre mil despidos en el Parlamento.
En el proyecto del ley que busca el respaldo del Ejecutivo, la UDI acusa directamente el uso de los fondos de asignaciones para el pago de operadores políticos.
“Si bien las asignaciones están destinadas a financiar todas las actividades desarrolladas por parlamentarios en el estricto cumplimiento de sus funciones y atribuciones, incluyéndose dentro de estas actividades propias de la labor del cargo, sabemos que las mismas han sido objeto de un mal uso, que ha permitido el financiamiento de contratación de operadores políticos y amigos, como también para el subsidio de actividad política”, dice el texto del proyecto de ley.
El uso de los fondos de asignación varía según cada parlamentario que decide con autonomía a quién contrata como asesores y cuántos profesionales de apoyo tendrá en su función. Así, hay parlamentarios como el diputado Gabriel Silber de la DC que en Transparencia Activa registra 13 asesores con un sueldo promedio de $607.658; otros, como el diputado UDI Patricio Melero y el independiente Pepe Auth, tienen concejales en su staff de asesores; mientras el diputado de Evópoli Luciano Cruz Coke tiene su equipo acotado a seis personas con un sueldo promedio de $1.178.940. (ver infografía)
Las reglas del juego para el uso de asignaciones las establece desde julio de 2010 el consejo de asignaciones parlamentarias. En sus distintas resoluciones establece un marco general para la contratación de personal de apoyo. Allí señala, por ejemplo que queda prohibida la contratación de “funcionarios públicos, lobistas o gestores de intereses particulares registrados como tales en alguno de los registros a que se refiere el numeral 4 del artículo 7° de la Ley N° 20.730, en relación con el artículo 9° del Reglamento de Lobby del Senado y de la Cámara”, dice la resolución del Consejo.
Fuente La Tercera