En un país donde, de acuerdo con el Inegi, al menos 66 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de algún tipo de violencia y aproximadamente 22 por ciento han sufrido acoso digital; 22.85 por ciento de las personas desaparecidas corresponde a mujeres, según el Informe nacional de personas desaparecidas; y conforme a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre enero y junio de 2025 se registraron 338 casos de feminicidio a nivel nacional, el ciberactivismo feminista se consolida no solo como un canal de denuncia, sino también como un mecanismo colectivo de resistencia para visibilizar abusos, transformar la realidad y exigir el respeto a los derechos fundamentales de este grupo social vulnerable.
Si bien el activismo feminista no surgió en Internet, ha encontrado en las redes sociales y plataformas digitales un espacio clave para publicar injusticias e incidir en el marco legal vigente. Movimientos como #MeTooMX, #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos, #JusticiaParaDebanhi, entre otros, han tenido un gran impacto en la opinión pública. Estos canales de comunicación han permitido que miles de mujeres compartan sus historias, se reconozcan entre sí y presionen a los poderes públicos para combatir la violencia digital de género, entre otros delitos y conductas. Un ejemplo de ello, es la promulgación, en las 32 entidades federativas, de las reformas denominadas como la Ley Olimpia, que tipifican dicha violencia y delitos como la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el ciberacoso o la suplantación de identidad con fines sexuales.
De ahí, que el entorno digital se ha convertido en un aliado estratégico para evidenciar agresiones, compartir recursos y exigir justicia de manera descentralizada. Sin embargo, el ciberactivismo feminista no está exento de riesgos. Mujeres activistas y colectivos feministas han sido blanco de una violencia digital sistemática, incluyendo campañas de desprestigio, amenazas de muerte, censura y hackeos. Estas agresiones no solo buscan silenciar voces, sino también desmovilizar la lucha por la igualdad y la justicia.
Además, la persistente brecha digital de género en México, especialmente en zonas rurales o marginadas, donde el acceso a dispositivos, el internet de calidad y la alfabetización digital continúa siendo limitado, fomenta una desigualdad que restringe la participación de muchas mujeres, profundizando así la exclusión tecnológica y social. Por si fuera poco, los algoritmos de las plataformas digitales —como Meta, X o TikTok—, no siempre priorizan el contenido social, lo que puede provocar la invisibilización de campañas feministas, la propagación de desinformación, y el reforzamiento de estereotipos y discursos de odio. En consecuencia, se requiere con urgencia el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género, mecanismos de protección institucional y herramientas de justicia digital eficaces para garantizar la seguridad y libertad de las mujeres en los espacios virtuales.
Ante este nuevo panorama el futuro del ciberactivismo feminista dependerá del fortalecimiento de redes seguras entre mujeres, de una protección institucional efectiva ante la violencia digital, de la promulgación de leyes con perspectiva de género que salvaguarden los derechos digitales, y de una apropiación crítica de las herramientas tecnológicas. Solo así se fortalecerá este nuevo poder ciudadano como una vía legítima y eficaz para la defensa de los derechos humanos.
Fuente: https://heraldodemexico.com.mx