Mantenerse con vida ante la persecución

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Alagie Abdoulie Ceesay, el responsable de la última radio independiente activa en Gambia Radio Teranga FM, se enfrenta a una posible condena de hasta 15 años de prisión por pulsar el botón “compartir” de Facebook. Las autoridades consideraron que la información que compartió (no la creó, sólo la compartió de otro usuario) podía atentar contra el orden público. BefeQadu Hailu ha pasado más de 500 días en cárceles etíopes, por participar en un blog colectivo cuyos autores no se plegaban al control gubernamental de los medios. Algunos de los miembros de Yaga Burundi tuvieron que huir del país, cuando se acercaron las elecciones presidenciales y sintieron que la presión amenazaba su integridad. Los ejemplos de asedio a ciberactivistas se multiplican en el continente africano. Y, sin embargo, las iniciativas de crítica y de contestación a través de la redes se extienden por todo el territorio subsahariano, incluso en lugares en los que el poder se ejerce con puño de hierro.

“No son excepciones. A pesar de las denuncias, lamentablemente el control y las maniobras de vigilancia de las comunicaciones en África se está convirtiendo en la norma”, explica la responsable de la sección africana de la organización Internet Sans Frontières, la camerunesa Julie Owono. “El ataque a las poblaciones, las violaciones de los derechos humanos y sobre todo del los derechos a la libertad de expresión y de información han pasan del ámbito de lo físico a lo virtual. Por eso cada vez más hay campañas que defienden que la libertad en internet también es un derecho fundamental. Los estados y las empresas no pueden violar ese derecho”, señala el nigeriano Peter Nkanga, miembro del Committee to Protect Journalists (CPJ). Sin embargo, Owono también constata el aumento de iniciativas de ciberactivismo en este contexto hostil. “Todos estos esfuerzos de control son contraproductivos. En lugar de generar miedo, la gente se siente mucho más motivada. Los ciberactivistas son como los adolescentes cuando les dices ‘no hagas esto’, ellos piensan: ‘si no quieren que lo haga es que es interesante”.

Seguir con vida y continuar libre son las prioridades de los ciberactivistas en muchos países de África. Pueden resultar exigencias básicas, pero se han convertido en un objetivo en sí mismo para muchos de ellos. Los arrestos de blogueros, las amenazas y la vigilancia constituyen una de las caras de la moneda. La otra son las campañas de resistencia a la censura y al control, las denuncias y las actividades incansables para ejercer la libertad en la red.

El control de los gobiernos se extiende en diferentes capas. Organizaciones como la de Julie Owono se han hecho eco del uso de herramientas de vigilancia de las comunicaciones en una amplia lista de países. La activista afirma que han tenido información de compra de estos dispositivos por parte de las autoridades camerunesas, nigerianas, chadianas o togolesas, en algunos casos, a compañías israelíes. La dimensión más sutil es la de programas espías, como los de DPI (por su nombre en inglés, Deep Packet Inspection, o inspección profunda de paquetes) que controlan palabras clave en paquetes de información que circulan por internet para detectar aquellos que pueden incorporar contenidos sensibles. Pero también se han detectado casos de colaboración de hackers, como asesores para acceder a la información de los activistas. “Hemos constatado que cada vez más los estados presionan a los proveedores de acceso a internet para transferirles a ellos la vigilancia sobre los usuarios finales”, añade Nnenna Nwakanma, coordinadora regional para África de la World Wide Web Foundation.

Otra de las capas de control resulta mucho más evidente y se manifiesta como apagones generales de las redes. Ocurrió, por ejemplo, en Congo-Brazzaville a finales de 2015, en los días previos al referéndum con el que el presidente Daniel Sassou-Nguesso modificó la Constitución. Una oportuna caída de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea por internet minimizaron el impacto de la campaña de contestación que intentaban desarrollar algunas organizaciones de la sociedad civil. Puntualmente, en momentos clave, ha ocurrido lo mismo en la República Democrática del Congo, en Sudán o en Burundi. En algunos casos, estos fallos de los sistemas no se han podido atribuir a maniobras de las autoridades, pero son una de las amenazas sistemáticas.

La última de estas capas de control es la más física: las coacciones, las intimidaciones o las detenciones de los ciberactivistas. Owono denuncia que cada vez “hay más gobiernos o servicios de policía que no dudan, durante el arresto de un bloguero o un activista, en pedirle las contraseñas para acceder a los discos duros o al correo electrónico, por ejemplo”. Aisha Dabo, una ciberactivista senegambiana, señala que se trata de una práctica muy extendida en Gambia, por ejemplo. “Cuando te detienen, te piden tus contraseñas, porque quieren acceder a tu e-mail, para saber con quién te has comunicado o sobre qué has hablado”.

La experiencia de las primaveras árabes de 2011 ha sido el punto de ignición de esta paranoia cibernética. “Las revoluciones norteafricanas han alertado a algunos gobiernos de África subsahariana. Esos gobiernos comenzaron a desconfiar de internet. Lo veían como una herramienta de revolución política, un lugar donde proliferaban los activistas sin orden ni concierto”, explica la responsable de Internet Sans Frontières.

“Ahora han encontrado una nueva justificación: la lucha contra el terrorismo; aunque, como hemos visto, desgraciadamente la vigilancia no está resultando una herramienta muy efectiva en este sentido”, continúa la activista camerunesa. “Si realmente este control es necesario para la lucha contra el terrorismo, tiene que ser absolutamente transparente, que los ciudadanos vean que esos mecanismos son usados para esa finalidad y no para agredir y silenciar a aquellos que son críticos con el poder”, argumenta el nigeriano Peter Nkanga. Para este defensor de la libertad de expresión, la mayor parte de los gobiernos africanos no ofrecen estas garantías. “Si los medios que dedican a controlar y silenciar a sus ciudadanos, se dedicasen a mejorar la gobernanza, a África le iría mucho mejor”, se lamenta Nnenna Nwakanma.

Según la responsable africana de la World Wide Web Foundation, el motivo por el que los gobiernos “ponen en marcha sistemas de control on line” es muy simple. “La razón fundamental es el miedo a la participación ciudadana”, señala Nwakanma. Para esta firme defensora de la libertad en internet de origen nigeriano, los gobiernos que controlan a sus ciudadanos en la red son los mismos que intentan hacerlo en ámbitos convencionales y lo hacen con el objetivo de “reducir los espacios cívicos y de información y opinión libres”. Gambia, RD Congo, Eritrea, Yibuti, Etiopía, Argelia o Zimbabue, son algunos de los que figurarían en la lista propuesta por Nwakanma. Y considera que el clima de vigilancia y el argumento de la lucha contra el terrorismo hacen que el ciberactivismo “viva los momentos más tristes de la historia”.

Imagen de algunos de los blogueros implicados en Yaga Burundi. Foto cedida por el colectivo.
Imagen de algunos de los blogueros implicados en Yaga Burundi. Foto cedida por el colectivo.

En resumen, Julie Owono sentencia: “Desgraciadamente, el estado de la vigilancia en Internet en África es bastante preocupante, a pesar de que durante años algunas organizaciones e individuos hemos estado lanzando alertas, nos hemos dado cuenta de que, con el paso de los años, la situación empeora”. En este sentido, Nkanga recuerda que a un ciudadano que ama su país y quiere expresarse sobre aquello que no le gusta de su Gobierno, “eso le puede costar la libertad y, en algunos caso, incluso la vida”.

A pesar de estos obstáculos y de este aciago panorama, los ciberactivistas han seguido adelante con sus iniciativas. Julie Owono adopta un tono grave para hacer una reflexión sobre la importancia de este fenómeno: “Los ciberactivistas africanos son conscientes de que la historia está de su lado. Cuando se producen este tipo de crisis, tomemos el ejemplo trágico de Burundi, ellos saben que la población está detrás de ellos, la sociedad civil en su conjunto está detrás de ellos. A pesar de que lo que tienen enfrente son supuestamente mastodontes, porque tienen el aparato de seguridad a su servicio, estos activistas son cada vez más numerosos y están cada vez más unidos”. Para esta activista camerunesa persiste una buena fe que se puede confundir con inocencia en las actividades de estos ciudadanos comprometidos debido a que “en un primer momento, nadie piensa que un tuit pueda llevarte a prisión, porque eso nunca había ocurrido hasta ahora” y, por otro lado, porque “simplemente ejercen su deber como ciudadanos”.

“Lo que hacen no debería tener nada de excepcional, debería ser el ejercicio normal de la ciudadanía”, se lamenta Owono. “Hacen algo normal que se convierte en extraordinario por el contexto. Pero debería ser normal que, en un país que se dice democrático, con unos gobernantes que se dicen elegidos por el pueblo, el pueblo pueda expresarse, pueda quejarse de lo que no funciona, pueda exigir que se rindan cuentas. Por la fuerza de la realidad, se encuentran con que esas acciones se convierten en excepcionales y arriesgadas, porque plantan cara a interlocutores que actúan de mala fe, si atendemos a las reglas del juego democrático”, dice esta activista. “Como decimos en este entorno, cuando crees en algo de verdad, no morirás en vano”, añade Nnenna Nwakanma.

Frente a estos inconvenientes se levantan diferentes estrategias desde el apoyo de organizaciones internacionales, hasta las movilizaciones y las campañas de apoyo, pasando por el uso de herramientas de seguridad en la red. En este último sentido, los ciberactivistas africanos, cada vez más, colonizan espacios de la red en los que el control de las autoridades es más complejo, el conocido como deep internet, o utilizan programas que les ayudan a cifrar sus mensajes. Todo este software, que podrían considerarse casi de contravigilancia, tiene una paternidad colectiva, lo que hace que los activistas no sólo sean usuarios, sino que también son desarrolladores. La toma de protagonismo que supone el ciberactivismo llega incluso a la participación en la construcción de estos programas. En la región Subsahariana, hay comunidades muy activas de desarrollo ligadas al código abierto, como la que anima, en Costa de Marfil, Florent Youzan, por ejemplo. “Inventan soluciones que son propias de las problemáticas africanas”, comenta Julie Owono, “aunque en este entorno, la cuestión de la paternidad, simplemente creo que no es pertinente, porque estas herramientas pertenecen a todo el mundo”.

Los miembros de Zone9 recibieron en 2015 el Premio internacional de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras y del Committee to Protect Journalists.

En relación a las organizaciones internacionales, su papel se limita al acompañamiento. “Muchas organizaciones creen que la información y la comunicación tienen que ser respetadas y luchan contra la violación de esos derechos” explica Nkanga. El CPJ cree que es responsabilidad de los estados respetar estos derechos, pero también de las grandes empresas de las telecomunicaciones. Esas organizaciones intentan mostrar a las empresas del sector tecnológico que no se pueden prestar a ayudar a los gobiernos a violar los derechos en internet”.

Para la activista camerunesa, el mecanismo fundamental de defensa para los ciberactivistas es la movilización en red. “Lo único que realmente puede salvar a un activista en riesgo es la mediatización. Nunca se sabe el impacto que un simple tuit puede llegar a tener, hasta qué punto puede cambiar la vida de alguien”, recuerda Owono. El caso de los blogueros etíopes del colectivo Zone9, sirve tristemente de ejemplo. Uno de los indicios para acusarlos de intentar preparar una rebelión era que estaban en posesión de programas de cifrado de mensajes, que utilizaban, precisamente, para sortear la censura y el control del Gobierno. Su liberación después de más de 500 días en prisión se produjo gracias a la movilización internacional. “Hablamos de países a los que les importa mucho su reputación”, remarca Julie Owono, “porque dependen de ayudas de países occidentales que les piden como contrapartida el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos, en general”. “La mala publicidad que les puede dar una movilización internacional por el arresto de un activista no les conviene”, sentencia la responsable para África de Internet Sans Frontières.

Fuente: Elpais.com

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